Es de destacar la reciente sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona en el sentido de eximir al contribuyente del pago de la plusvalía municipal incluso en el caso de concurrir incremento de valor, lo que quedó acreditado por un informe pericial, basándose para ello en la constatación de que el Gobierno no ha reformado el impuesto como exigía la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que recordamos establecía que corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo «las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana».

    La jueza al desestimar la argumentación de la Diputación de Barcelona, que pedía suspender el impuesto y esperar a que haya una nueva ley se basa en que el Constitucional no se ha pronunciado sobre la forma de determinar si ha habido o no incremento, ya que ha considerado que es competencia del legislador y este no ha procedido a efectuar la reforma legislativa del impuesto a diferencia de lo ocurrido en los territorios forales.

    La jueza, además, esgrime que en este caso la suspensión no está prevista ni en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil sin que además sea competencia suya revisar actuaciones tributarias para determinar en qué supuestos nace una obligación tributaria por considerarlo contrario no solo al principio de seguridad jurídica sino también al de reserva de ley en materia tributaria ambos de rango constitucional.

    Se trata de una interesante vía de reclamación a sumar a las ya existentes que deberá ser en cualquier caso objeto de confirmación posterior a través de las correspondientes resoluciones judiciales en instancias superiores de las que se informará oportunamente.