Resulta obligada la mención y breve desarrollo de la aprobación por el Consejo de Ministros del denominado Proyecto de Ley de Secretos Empresariales que permitirá reforzar la protección de la información empresarial no divulgada contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, norma que, tras su tramitación parlamentaria que ahora se inicia, transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales.

    En primer término debemos hacer mención a que en nuestra legislación se utiliza a expresión de secreto empresarial, ya recogida por la Ley 3/1991, de 10 de enero como comprensiva tanto de los secretos industriales( técnicas de fabricación) como de los secretos comerciales ( técnicas comerciales y de mercadotecnia), debiendo destacarse que la citada información en su carácter de secreta lo será de forma integrada ya que no es relevante que ciertos componentes del secreto sean generalmente conocidos, siempre y cuando estos se integren con otros en una unidad, de tal forma que la información resultante del conjunto sea desconocida o al menos generalmente desconocida por los competidores, que constituyen el destinatario especifico de tal información.

    Debe ponderarse que la información que compone el secreto ha de ser difícilmente accesible para los terceros interesados. La dificultad de acceso a la información dependerá a su vez tanto de la naturaleza de la información en sí misma como de las medidas de protección que los legítimos poseedores tomen sobre ella y que determinara en gran medida el éxito de la posible reclamación a efectuar en caso de vulneración de los preceptos legales a los que nos referimos ya que la adopción e implementación efectiva de mínimas medidas de seguridad debería bastar para mostrar una voluntad inequívoca del titular del secreto en orden a su protección como secreto empresarial.

    De conformidad a tales antecedentes se definen las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales y también aquellas otras circunstancias en las que son consideradas lícitas las prácticas de obtención, utilización y revelación de información frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en el Proyecto de Ley.

    El artículo 3.1 del Anteproyecto define como obtención ilícita de un secreto empresarial aquella en la que no medie el consentimiento del titular y que se haya llevado a cabo mediante «el acceso, la apropiación y la copia no autorizadas, de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, y que contenga el secreto comercial o partir de los cuales se pueda deducir». El simple acceso aun sin obtención de copia puede ser considerado como conducta infractora al bastar para obtener el secreto protegido.

    Las causas de utilización y revelación ilícitas están recogidas en el apartado 3.3. del Anteproyecto y, del mismo modo que con la obtención, se exige que concurra falta de consentimiento del titular del secreto, y además alguna de las situaciones siguientes (no cumulativamente consideradas), obtención de forma ilícita, el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o de cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial y también, y citamos literalmente «se consideran ilícitas la obtención, utilización y divulgación de un secreto comercial cuando el tercero supiera, o debiera haber sabido que el secreto se ha obtenido de otra persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente”.

    Asimismo, este Proyecto de Ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa del titular del secreto empresarial para hacer frente a la posible violación de éste, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios.

    Se regulan también aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer al afectado herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un proceso eficaz, desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable con inclusión un abanico de medidas cautelares que prevén incluso el cese y la prohibición de producir, ofrecer, comercializar, importar, exportar y almacenar, la retención y el depósito e incluso el embargo preventivo de bienes del infractor para aseguramiento de una eventual indemnización.

    Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando los obstáculos al libre comercio y su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. En este sentido, se agravan las medidas que los tribunales pueden adoptar por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal cuando en la supuesta defensa de un secreto empresarial se ejerza una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación esté cubierta por alguna de las excepciones que se contemplan en la norma.

    El marco jurídico de la protección de secretos empresariales se refuerza en tres aspectos:

    Incorpora una serie de reglas para preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.

    Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.

    Incorpora reglas específicas en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.