El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Vic declara, mediante sentencia nº143/17 de 19 de junio de 2.017, además de la nulidad de la cláusula tercera bis de la constitución de préstamo con garantía hipotecaria relativa al límite de variabilidad del tipo de interés (clausula suelo), la nulidad por abusiva de la cláusula relativa a los gastos hipotecarios, condenando a la entidad BBVA a restituir a la parte actora la cantidad de 2.775,04, incrementada en el interés legal del dinero desde la fecha de los cobros correspondientes y hasta su reintegro a la parte actora, por dicho concepto.

    En relación con esta cláusula de gastos de hipoteca:

    “De la documental obrante en los autos, se concluye que la cláusula analizada no es transparente, por cuanto falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato, se inserta de forma conjunta con el resto del clausulado de la escritura de préstamo hipotecario y con el resto de las propias clausulas/condiciones de gastos, originando un desequilibrio evidente entre las prestaciones de ambas partes contratantes, en perjuicio del consumidor, al repercutir en este, sin justificación aparente ni negociación individual, una serie de gastos que por imperativo legal y por razón del propio objeto negocial, solo devienen efectivos en interés y beneficio de la entidad prestamista.

    Así, respecto de los gastos de Notaría y Registro le corresponde a quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, esto es, a la entidad prestamista (banco), quien a través de la constitución de aquella garantía real obtiene un título ejecutivo y posibilidad de acudir a un proceso de ejecución forzosa especial; obsérvese, que incluso de modo expreso la cláusula cuya nulidad se promueve vincula el pago de “aranceles notariales y registrales” a la hipoteca, al devengarse aquellos por la “constitución, modificación o cancelación de la hipoteca”.

    Y, en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, como expresa la citada Sentencia del Tribunal Supremo, la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante.

    En definitiva, la cláusula cuya nulidad se promueve ha de considerarse en los términos expuestos nula por abusiva, al contravenir en perjuicio del consumidor la normativa especial de protección de aquel, ocasionando al mismo un evidente desequilibrio sin justificación alguna ni negociación individualizada.

    Y en cuanto a los concretos efectos de la declaración de nulidad que se efectúa, por aplicación de la jurisprudencia citada e imperativo del artículo 1.303 de CC, se reconducen a la inaplicabilidad de la cláusula en cuestión , con los efectos restitutorios que se concretan en la cantidad no discutida entre las partes de 2.775,04 euros en concepto de gastos de Notaría, gastos de Registro de la Propiedad, e Impuesto de actos jurídicos documentados, y que se verán incrementadas en el interés legal del dinero desde la fecha de los cobros correspondientes hasta su reintegro a la parte actora.”