El TSJ Castilla-León en sentencia de 24 de mayo de 2019 estima el recurso de suplicación interpuesto, revoca sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca y declara que la trabajadora ha realizado una jornada completa y así debe abonarle los salarios y vacaciones reclamados.

     

    EL artículo 12.4.c) del ET dispone, efectivamente, que «la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5.

    El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

    En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios».

     

    Cuando el trabajador reclama unos conceptos salariales en base a una jornada completa que dice haber realizado y requiere a la empresa para que aporte los registros de horas trabajadas, su incumplimiento se ha de presumir como que realiza su jornada a tiempo completo. Su omisión genera una presunción e invierte la carga probatoria a la empleadora que es la que debe aportar un registro de jornada que solo a ella compete.

     

    Se trata, no obstante, de una presunción iuris tantum pues admite prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios pero no puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización de una jornada a tiempo completo, pues ello iría en contra de la vinculación que la norma transcrita establece y del efecto presuntivo contemplado en el artículo 385.1 de la LEC (LA LEY 58/2000) , según el cual «las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca». Supondría, además, desconocer los efectos propios del criterio de disponibilidad y facilidad probatoria contemplado en el artículo 217.7 de la LEC (LA LEY 58/2000) , conforme al cual “corresponde a la empresa la llevanza de los registros de jornada acreditativos de la realizada y quien puede y debe aportarlos, de serle requeridos”, como así ocurrió en este caso.

     

     

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