Nuestro ordenamiento jurídico está viviendo una auténtica revolución en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador y los Tribunales de Justicia están aplicando conceptos y doctrinas que hasta hace unos pocos años eran impensables en nuestro ordenamiento penal.

    El 29 de febrero del 2.016, el pleno de la sala II del Tribunal Supremo apreció por primera vez, en su extensa y detallada sentencia 154/2016, la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde que la misma se introdujo en nuestro ordenamiento en el año 2010 y tras su modificación posterior en el año 2015.

    El programa de Compliance implica la implantación de un modelo organizativo adecuado para minimizar el riesgo de comisión de delitos en la empresa y está integrado por un conjunto de normas, políticas y procedimientos en relación con la toma de decisiones, su documentación y el funcionamiento de las compañías.

    Cuando hablamos de la comisión de delitos en el seno de una empresa, hablamos de temas que están a la orden del día. Sin ir más lejos, son causa de responsabilidad penal de las personas jurídicas los delitos de estafa, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, la receptación y el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, los delitos de construcción, edificación y urbanización, el cohecho, etc.… a los que además de las penas económicas correspondientes que fluctúan según el tipo delictivo, se pueden imponer algunas de las siguientes penas: disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro actividades, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, así como la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

    Si bien es cierto que para contar con un modelo de prevención de delitos es fundamental que el ámbito de aplicación sea integral, esto es, debe vincular a la totalidad de la estructura empresarial: al órgano de administración, a los directivos y a los empleados, pese a que su vinculación tendrá distinta intensidad en función de la proximidad de la persona a las áreas con mayor grado de exposición a riesgos penales.

    Hasta ahora, las compañías han empezado a mostrar su interés por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero con mucha cautela ya que normalmente piensan en el coste de la implantación de este tipo de programa, o creen que esto es únicamente para grandes empresas, incluso que estos programas verán limitadas sus capacidades de gestión dentro de la empresa. En cambio, esta visión irá decayendo cada vez más, pues las nuevas modalidades de mejores prácticas empresariales tienden cada vez más hacia la adopción de modelos éticos que pronto serán un eje fundamental en la toma de decisiones.

    Podemos decir que el coste-beneficio es con obviedad positivo y que el esfuerzo que dediquen las empresas para adaptarse a los requerimientos que hoy el Código Penal impone a las personas jurídicas, disminuirá de manera importante sus riesgos ante incumplimientos, lo cual redundará en lograr eximir o atenuar sanciones, multas, y otros tipos de imputaciones, evitando fundamentalmente que se afecte su imagen corporativa, todo lo que se traduce inexorablemente en pérdidas económicas.