El 19 de diciembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que, entre otras medidas, contemplaba importantes reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda.

    Dada la naturaleza provisional de todo Real Decreto Ley, esta norma jurídica debía convalidarse en el plazo máximo de treinta días hábiles por el Congreso de los Diputados desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

    Finalmente, y como algunos ya se temían, no ha obtenido la confianza de la cámara, y el texto no ha sido convalidado, quedando derogada automáticamente dicha normativa el día 22 de enero de 2019; sin perjuicio de haber desplegado efectos jurídicos absolutamente plenos, por lo que todos los actos realizados a su amparo son válidos, en aras de garantizar la seguridad jurídica.

    La derogación lo que ha provocado es que los alquileres vuelvan a su situación anterior del pasado 18 de diciembre.

     

    ¿Qué pasa con los contratos del último mes?

    Es importante destacar que la situación no afectará a los contratos firmados desde el 19 de diciembre de 2018, la fecha de entrada en vigor del decreto ley, hasta su derogación.

    Esos contratos se han firmado conforme a las normas vigentes durante el último mes y por tanto se respetan sus condiciones: la duración mínima del contrato de cinco años más tres de prórroga tácita (siete años iniciales si el arrendador es una persona jurídica), la limitación del aval adicional al mes de fianza a dos mensualidades y el pago de los gastos inmobiliarios por parte del arrendador si es una persona jurídica.