El Impuesto de Plusvalía Municipal es inconstitucional si no hay aumento del valor del inmueble

    El Tribunal Constitucional en dos recientes sentencias de 16 de febrero de 2017 y 1 de marzo de 2017 resuelve dos cuestiones de insconstitucionalidad planteadas contra la normativa foral de Guipúzcoa y Alava en relación con el conocido como impuesto de plusvalía (IIVTNU), declarando insconstitucionales varios preceptos de dicha normativa foral, en los casos en que no se produzca un real y efectivo incremento del valor de los terrenos. La doctrina sentada abre la puerta a la misma declaración de otras cuestiones pendientes de resolución por el mismo Tribunal, que abarcaría a todo el territorio español.

    Desde hace unos años y como consecuencia de la crisis económica acaecida en España, se ha puesto de manifiesto la situación injusta que se producía en algunos supuestos de venta de bienes urbanos, por debajo de su valor de adquisición. Incluso llamativamente en situaciones de auténtica vulnerabilidad de algunos colectivos, como el de las daciones en pago a favor de las entidades financieras por imposibilidad de ayer atender los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas, ante de dicha crisis económica.

    El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturelza Urbana (IIVTNU), de larga tradición en nuestra historia ha venido adaptándose durante casi cien años a las situaciones que la política fiscal de cada momento demandaba, pero su razón de ser siempre estuvo en el incremento que se producía en esos bienes de naturaleza urbana y de la ganancia que le producía a su propietario, por el mero paso del tiempo y a veces como consecuencia de una simple modificacion del planeamiento Urbanístico. La situación no cambió con nuestra Constitución Española, que justifica la existencia de dicho tributo en el deber de contribuir de todos los ciudadanos y la debida participación de todos en las plusvalías generadas por los actos urbanísticos. La actual regulación de este impuesto y tras dichas modificaciones se encuentra en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De dicha normativa se desprende que el actual sistema de calculo se base en el valor castatral del bien números años de tenencia del bien y porcentaje fijado por cada ayuntamiento. Su resultado es la base imponible y sobre ella se le aplica un nuevo porcentaje que fija de nuevo el propio ayuntamiento donde radique el bien.

    Nunca históricamente se habían puesto de relieve los defectos, por sus posibles resultados injustos, que pudiera contener el sistema actual de dicho cálculo. Pero la crisis de los últimos años y la caída de los precios generalizada que trajo consigo, hizo necesario replantearse la cuestión. Desde hace años la cuestión vino debatiéndose ante distintos tribunales, existiendo muchos pronunciamientos que acogen lo injusto que puede resultar la aplicación de dicho tributo en algunos supuestos en los que no existía ese real incremento del valor de los bienes. Pero ha sido ahora y con esta segunda sentencia del Constitucional cuando se puede decir que la doctrina sentada sin duda alguna, establece que el mecanismo aplicado por esa legislación para el cálculo del impuesto, resulta alejado, en determinados supuestos, de los principios constitucionales. Los supuestos a los que el Constutucional limita la no aplicación de la normativa, son aquellos en los que la riqueza sea inexistente o ficticia. Es decir, no debiera de exisistir una carga fiscal sobre una riqueza inexistente. Y ello en consonancia con el principio de no confiscatoriedad.

    Las sentencias abren la puerta a multitud de situaciones, que habrá que ir dilucidando en los tribunales. La primera sería la aplicación de dicha doctrina en todo el territorio nacional, no sólo en los regímenes forales aludidos. La segunda de las cuestiones es la referida a las situaciones en las que aún existiendo un incremento, este resulta inferior al resultado de la aplicación de los cálculos de la ley. La tercera serían aquellos supuestos en que no se han recurrido las liquidaciones practicadas y no existia incremento de valor. La cuarta también, serían los efectos y la posibilidad de, en explicación de la meritada doctrina sentada por el TC, solicitar la responsabilidad patrimonial en los supuestos de haberse desestimado anteriormente los recursos interpuestos contra las liquidaciones practicadas.

    En definitiva, parece adecuado en atención a la novedosa doctrina constitucional, y del previsible resultado de los también planteados recursos de inconstitucionalidad sobre el resto de las materias que indicen en estas situaciones, comprobar los valores reales de los bienes sujetos a plusvalía, y de no existir ganancia o ser esta inferior a la que resulta de la aplicación de la normativa, proceder a la impugnacion de la liquidación. En los supuestos de haberse procedido ya a su liquidación y no estar en plazo para recurrirla, o ser aquella firme por desestimación de la solicitud de nulidad planteada ya en su momento, el camino será más complejo, pero también podría solicitarse su devolución.