El citado Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de manera que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.

    La reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, la 55/2018 de 24 de mayo, considera que la citada ley incurre en inconstitucionalidad al regular que sólo, de un modo excepcional, las consejerías quedaban habilitadas para adoptar normas reglamentarias. Por ello, tienen que pulirse algunos aspectos técnicos y de procedimiento, como las notificaciones, los funcionarios habilitados, el registro de apoderamiento o algunos registros generales y los archivos tienen que cumplir una serie de estipulaciones. En particular, se requiere acordar entre las Administraciones públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias.

    Por estas razones, se amplía el plazo 2 años de entrada en vigor de la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    La razón del retraso en la entrada en vigor del Registro Electrónico único es que no había preparación para dar el servicio telemático, ya que no está garantizada la interoperabilidad entre las distintas administraciones. La interconexión tecnológica entre las distintas administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) por todo el territorio nacional parece no ser tarea sencilla.