El Tribunal Constitucional extendió hace tan solo dos días a toda España la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se denomina el llamado impuesto de plusvalías, y de esta manera abrió una vía de reclamación para los afectados de hasta 8.300 millones de euros.

    En concreto el Tribunal establece que sólo se pagará el impuesto de plusvalía en los casos en los que, efectivamente, se haya producido un incremento del precio de la vivienda que se vende. En caso contrario, los ayuntamientos no podrán exigir el pago de este gravamen, tal y como ha ocurrido hasta ahora.

    La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias referentes al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, llegó a la conclusión de que el pago de este impuesto cuando sí se produce una ganancia «es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica». Al mismo tiempo que señalaba que para salvaguardar dicho principio, «el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

    «El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, señala el Alto Tribunal en un comunicado.

    La tasadora Tinsa, por su parte, afirma que el número total de afectados será superior a los 550.000, lo que muestra la magnitud y trascendencia de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, que puede hacer que el impuesto de plusvalía se convierta en las nuevas cláusulas suelo de los ayuntamientos. La diferencia, evidentemente, es que las devoluciones y compensaciones a los afectados se tendrán que hacer con dinero público.

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