La reciente sentencia, dictada el pasado 11 de abril por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, STS 230/2019, de 11 de abril 2019 Rec. 3649/2016) analiza y delimita el concepto de consumidor atendiendo a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y su interpretación.

     

    Se parte del supuesto de una prestataria, que siendo traductora profesional concierta un préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda y local para destinarlo a un establecimiento de hostelería. Posteriormente y ante el impago del préstamo la entidad financiera inicia la ejecución hipotecaria de los referidos bienes

     

    La prestataria demanda a la entidad solicitando la nulidad del contrato de préstamo y del procedimiento de ejecución y ello al considerar abusivas determinadas cláusulas del contrato, en concreto la renuncia de la fiadora a determinados beneficios, el interés de demora, el vencimiento anticipado y la cláusula de gastos siempre bajo su consideración de posible consumidora.

     

    Si bien en Primera Instancia tales pretensiones no tuvieron éxito no reconociéndose a la demandante la cualidad legal de consumidora, posteriormente, la Audiencia Provincial (AP Álava, sentencia 326/2016, de 1 de septiembre) estima el recurso de la prestataria y considera que sí era consumidora, y ello porque el préstamo tenía un objeto diferente al ejercicio profesional que realizaba, y esto hacía que no se perdiera su carácter de consumo.

     

    Elevada la cuestión por el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo el mismo comienza analizando el concepto de consumidor atendiendo tanto a la norma nacional aplicable en el momento de la firma del contrato (artículo 1 de la LGCU 26/194) como a la contenida en el TRLGCU (RDLeg. 1/2007) que utiliza una definición de consumidor que ya estaba incluida en las Directivas europeas: “son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.

     

    Y puntualiza que, aunque la fecha del contrato es anterior al TRLGCU, el criterio delimitador era ya el destino final y no la actividad profesional, en atención a la jurisprudencia comunitaria.

     

    El Supremo cita al respecto la STJUE de 25 de enero de 2018, Asunto C-498/16, criterios que han sido reiterados por sentencia posterior del TJUE de 14 de febrero de 2019 (Asunto C-630/17), y que resume la jurisprudencia comunitaria sobre el concepto de consumidor:

     

    Así el precitado concepto debe ser interpretado en relación con la posición de la persona en un contrato determinado y su finalidad y no con la situación objetiva de dicha persona, especificando que solo a los contratos firmados fuera de cualquier actividad profesional puede aplicarse el régimen específico para la protección del consumidor

     

    En los casos en que el contrato esté relacionado parcialmente con una actividad profesional, el prestatario podría ampararse en las disposiciones que benefician a los consumidores sólo cuando el vínculo del contrato con la actividad profesional sea “tenue” y “marginal”.

     

    Aplicando estos criterios al caso concreto, la Sala concluye que la prestataria no podía considerarse como consumidora ya que, aunque su actividad principal es la de traductora, el préstamo lo solicitó para satisfacer necesidades distintas a las de consumo., siquiera fueran las mismas de futuro al no disponer inicialmente de las correspondientes licencias sin que este dato sea relevante a los efectos de un correcto enjuiciamiento de la cuestión litigiosa

     

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