El pasado 28 de junio de 2018 la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante sentencia núm. 316/2018, destacó la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo para prevenir la comisión de delitos como los de apropiación indebida o administración desleal.

    Esta sentencia condena a cuatro años de cárcel al exadministrador de la empresa asturiana CARBUASTUR, por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. El condenado se apoderó, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizó transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, lo que ocasionó a la empresa un perjuicio de 2 millones de euros.

    El Supremo incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos similares a este, destacando que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.

    La Sala recuerda que el control interno en las empresas evita la delincuencia cometida por directivos y empleados y para ello alaba las bondades de la técnica anglosajona del compliance program como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

    Por ello el TS insta a las empresas a implantar un buen programa de cumplimiento normativo mediante el cual este tipo de conductas se puedan detectar de inmediato. En efecto, con la implantación de estos programas de compliance el Tribunal Supremo incide en que podría evitarse la comisión de estos delitos en el seno de las empresas, así como consecuentemente, un grave perjuicio interno que con el tiempo podría incluso conducir a la disolución de las mismas.