El Tribunal Supremo zanjó el pasado lunes una polémica que podría haber puesto en serios apuros las arcas de los ayuntamientos de toda España.

    Como es sabido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 11 de mayo de 2017, falló declarando la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (107.1, 107.2 a- y 110.4), y ello como consecuencia de someter a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica.

    El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al considerar que interpretó «de manera correcta» la norma.

    Así pues, pese a la disparidad de criterios judiciales surgidos a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, ha sido el Tribunal Supremo el que, a través de la reciente y esperada Sentencia nº1.163/2018, de 9 de julio de 2018, ha sacado de dudas tanto a contribuyentes como Administraciones Locales, resultando que éstas últimas respiran aliviadas en parte, al conocer que nuestro Alto Tribunal, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por una famosa entidad bancaria, declarando en síntesis que, la doctrina aplicable, no es otra que aquella que declara la improcedencia de liquidaciones giradas en concepto de IIVTNU, pero únicamente en aquellos supuestos en los que se somete a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, es decir, como consecuencia de venta a pérdidas.

    En concreto, el alto tribunal interpreta que el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia del Constitucional del año pasado «adolece solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial». Entiende, pues, que ambos artículos son constitucionales «y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada».

    La sentencia del Tribunal Supremo también se pronuncia respecto a otro tema polémico: quién debe demostrar que la transmisión de la propiedad generó una pérdida.

    En este sentido, el alto tribunal considera que la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva corresponde al contribuyente. Para demostrarlo, entiende que este podrá presentar «cualquier principio de prueba que, al menos indiciariamente, permita apreciarla». Y poner, como ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras públicas.

    Y añade que, una vez que el contribuyente ha probado que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe lo contrario para poder girar el impuesto.

     

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