El Tribunal Supremo cambia de criterio respecto a quién debe abonar los impuestos derivados de la constitución de la hipoteca. El Alto Tribunal, que a principios de año eximía al banco del pago del mismo y dictaminaba que debía ser el cliente quien lo asumiera, acaba de señalar que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

    En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que «no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente».

    La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

    La sentencia tendrá un impacto importante en los bancos, que este jueves caen con fuerza en Bolsa tras conocerse la decisión del alto tribunal. Los españoles abonaron en 2016 cerca de 1.800 millones de euros en concepto del impuesto de actos jurídicos documentados, según datos el informe de recaudación de la Agencia Tributaria. En los cuatro años entre 2013 y 2016 el importe total abonado fue de 6.600 millones de euros.