Esperando al Tribunal Supremo: La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia recurre y defiende la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la constitución de hipotecas.

    El Tribunal Supremo aclarará próximamente si las entidades bancarias tienen la obligación de devolver o no a sus clientes el principal tributo que abonaron al firmar su hipoteca: el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. A pesar de haberse pronunciado ya acerca de la nulidad de las clausulas impuestas por las entidades en cuanto a la asunción de los gastos que se derivan de una garantía hipotecaria, esta vez va a aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial acerca de quien deberá costear dicho gravamen en particular.

    Y ello se debe a la contradicción surgida en las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Valencia, ya que las respectivas secciones especializadas en esta materia dan la razón a la banca, mientras las que juzgan asuntos civiles fallan a favor de los clientes al considerar que se trata de una cláusula abusiva.
    En efecto, en este asunto concreto, los demandantes alegaban que se había pagado los gastos en aplicación de una cláusula predispuesta por el banco y que, en otros litigios similares, había sido declarada nula por ser considerada abusiva por el Tribunal Supremo.

    Esta es la idea que comparte la Fiscalía de la Audiencia, alegando que está también en la línea de doctrina jurisprudencial de la Sala Civil del Tribunal Supremo.

    Concretamente, la decisión de la Sección Novena se emitió unas pocas semanas después de que la Sección Séptima dictara sentencia justo en sentido contrario. Con la decisión de la Novena se cerraba de un portazo la vía abierta inicialmente. A pesar de que su decisión no invalidaba la anterior, sí apuntaba la pauta a seguir en el resto de casos, al tratarse esta última de la Sección especializada en esta materia.

    De ahí la relevancia del hecho de que la Fiscalía solicite que la Sala Civil del Tribunal Supremo fije como doctrina que «cuando por el Tribunal Supremo se haya declarado abusiva y, por ende, nula la cláusula de atribución de gastos tributarios al prestatario, predispuesta en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con consumidores, corresponde a la entidad prestamista restituir a los prestatarios el importe de los gastos tributarios pagados por los mismos, como consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada nula».

    No hay que olvidar que el Juzgado de Primera Instancia nº11 de Murcia especializado en condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantía real inmobiliaria cuyo prestatario sea persona física, en su primera sentencia en esta materia se pronunció en el mismo sentido que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia en relación a la devolución de las cuantías abonadas en concepto de Actos Jurídicos Documentados, por lo que quedamos a la espera de la resolución del Supremo que permitirá asentar un criterio uniforme para las futuras reclamaciones en dicha materia.