La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la Sentencia núm. 1.232/2018 de fecha 17/07/2018, recurso 2878/2017 establece una interesante aclaración respecto de la necesidad de motivación de las sanciones tributarias y los limites del conocimiento atribuible a las personas jurídicas por actuaciones personales de sus directivos.

    En el caso concreto se trata de la realización por parte de un directivo de facturas falsas como medio para la apropiación de fondos de la mercantil en su exclusivo beneficio. La mercantil con total desconocimiento de tales practicas delictivas utiliza las precitadas facturas en el cumplimiento de sus liquidaciones tributarias motivando al ser descubierta la irregularidad la imposición de la correspondiente sanción tributaria.

    Al descubrir la mercantil la actividad delictiva de su directivo ejercita de inmediato acciones penales contra el mismo, pero no consigue desvirtuar el procedimiento administrativo tributario sancionador viéndose obligada a la interposición del recurso que finaliza a través de la sentencia cuyo comentario nos ocupa.

    El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el contribuyente contra la sentencia del TSJ Comunidad de Madrid dictada en procedimiento ordinario sobre infracciones y sanciones tributarias por los impuestos sobre el valor añadido y sociedades de los períodos 2006 y 2007, sentencia que se casa y anula, estimándose en su lugar, el recurso contencioso-administrativo interpuesto anulando las resoluciones impugnadas por su disconformidad con el ordenamiento jurídico y dejando sin efecto, en consecuencia, las sanciones impuestas.

    Considera nuestro Tribunal que los hechos delictivos realizados por un directivo de la sociedad sin su conocimiento y en su perjuicio, según la jurisdicción penal, no permiten la atribución de responsabilidad a la persona jurídica por una conducta que no puede calificarse como dolosa, cuando en los propios hechos que la integran, no hay intención o voluntad de realizar el comportamiento típico; en tales supuestos sólo cabría hablar de «negligencia» si se infringen los deberes de vigilancia que pesan sobre la sociedad.

    Pese a que el órgano administrativo sancionador (y el TEAR, al revisar sus decisiones) conocía que los hechos descritos (la irregularidad de las facturas) estaban siendo investigados en sede judicial penal  decidió que la conducta de la sociedad contribuyente era culpable en la medida en que fue «voluntaria, en el sentido de que se entiende que le era exigible otra conducta distinta, en función de las circunstancias concurrentes, por lo que se aprecia el concurso de, cuando menos, negligencia».

    Pese a lo expuesto considera el TS que no cabe afirmar el dolo -como hacen las resoluciones del TEAR y parece realizar la propia sentencia recurrida- por la sola circunstancia de que la sociedad haya dado poderes «amplios» o «plenos» a un tercero para actuar en su nombre, obligándola válidamente respecto de otros. Una afirmación como esa supondría restaurar la responsabilidad objetiva, desterrada desde hace décadas de nuestros procedimientos sancionadores -penales y administrativos-, que descansan en la culpabilidad, sea bajo una forma intencional o deliberada (dolo), sea mediante la desatención de un deber de actuar exigible que ha producido el resultado típico (culpa, negligencia o imprudencia).

     

    Se considera al tiempo que sería posible un comportamiento negligente en un supuesto como este; pero la eventual calificación de la conducta como «culposa» dependerá específicamente de las circunstancias del caso y de la justificación ofrecida por el órgano sancionador.

     

    Una calificación amparada en la culpa in vigilando , empero, necesitaría un elemento más para permitir afirmar la responsabilidad en el ámbito sancionador (en nuestro caso, por infracciones tributarias): una justificación expresa, suficiente y pormenorizada sobre la vulneración del deber de vigilar que debería ofrecer en su resolución el órgano sancionador, analizando las circunstancias del caso y determinando cuál ha sido el concreto comportamiento de la sociedad revelador de la infracción de aquella obligación.

     

    Con esta premisa el acuerdo sancionador deberá analizar las circunstancias del caso y en qué medida la falta de vigilancia ha contribuido a la comisión de la infracción siendo esta la única via de atribución de responsabilidad a la mercantil.