Todo comenzó en 2007, con la primera Directiva de Servicios de Pago (PSD, por sus siglas en inglés Payment Service Providers) cuyo objetivo era crear un mercado único de pagos en la Unión Europea y fomentar así la innovación, la competencia y la eficiencia en territorio comunitario. 

    Sin embargo, en el año 2013, la Comisión Europea propuso una revisión (de ahí el ‘2’ de la PSD2), que pretendía indagar en estos objetivos. Ahora bien, fue este 14 de septiembre cuando entró definitivamente en vigor la norma europea PSD2 (Payment Service Directive 2) reguladora de la operativa de servicios de pago digitales que, generalmente, se centra en reforzar la transparencia e información frente al usuario, así como de derechos y obligaciones para los usuarios y proveedores.

    Los cambios introducidos por esta normativa conllevarán numerosas implicaciones que probablemente aún desconocemos. Ahora bien, otras existirán en el día a día de los usuarios como la operativa usual de compra por internet o móvil que, de ahora en adelante, no será la misma:

    1. Será imprescindible tener nuestro teléfono móvil para pagar por internet. Antes utilizábamos el número de tarjeta de coordenadas o bien, introducíamos nuestros datos de tarjeta y nos llegaba un código vía SMS. No obstante, ahora bastará con nuestra identificación por DNI o vía móvil y la posterior confirmación a través de un código SMS, o directamente aceptando una notificación recibida en la App del banco o a través de reconocimiento de huella o iris.
    2. A la hora de pagar el producto seleccionado, ciertas páginas webs nos suelen derivar a plataformas de pago donde introducimos los números de nuestras tarjetas bancarias para proceder al pago del producto. Pues bien, eso ya no existirá en muchas webs puesto que el pago del producto escogido se realizará en las webs de las tiendas directamente.

    Sin embargo, la normativa europea exceptúa la autenticación reforzada en aquellas operaciones de pago electrónico que no superen los 50€ o que el importe acumulado de estas operaciones no exceda de 150€ o de 5 operaciones, desde la última autenticación reforzada. Ahora bien, el operador de servicios de pago está condicionado por una serie de requisitos mínimos de autenticación y está obligado a disponer de mecanismos de supervisión y medidas de seguridad que detecten operaciones no autorizadas o fraudulentas.

    Otro de los cambios que conviene destacar es que, siempre que el cliente titular de la cuenta bancaria haya autorizado que se compartan sus datos bancarios, el banco autorizará a terceros de confianza el uso de los datos para ejecutar el pago a través de la cuenta bancaria del cliente. Concretamente, la apertura por parte de los bancos de sus servicios de pago a terceras empresas, recibe el nombre de TPPs (Third Party Payment Service Providers). Estos TTPs se encontraban con múltiples barreras de entrada en el mercado de los pagos que les impedían ofrecer soluciones a gran escala en los distintos Estados miembros y que, al desparecer, permitirán la entrada de nuevos usuarios en los mercados fomentando así la competencia entre los mismos. Consecuencia de ello es que, con la PSD2 se pone de manifiesto una vez más la importancia que está adquiriendo el mundo de las ‘APIS’ o ‘Application Program Interface’ en distintos sectores financieros puesto que, gracias esta autorización del consumidor, el banco y el comercio se comunicarán directamente utilizando una API.

    Como se puede ver, los cambios tecnológicos producidos en los últimos años y el volumen creciente de negocio a través del comercio electrónico, ha llevado a que sea preciso avanzar en esta regulación adaptada a la era digital. Por ello, la PSD2 permite a los consumidores y comerciantes beneficiarse plenamente del mercado interior, principalmente en términos de comercio electrónico en el que se han desarrollado nuevos métodos de pago, como los realizados online o a través del teléfono móvil, totalmente seguros en toda la UE. De este modo, la PSD2 ofrece un servicio bancario adaptado a las nuevas tecnologías y refuerza la protección del usuario contra fraudes y abusos derivados de los agentes que van implantándose en el mercado. De ahí, que esta Directiva busca, entre otros, acortar distancias entre los Estados y los proveedores de servicios de pago, contribuyendo al refuerzo de la posición del consumidor, que gozará de una mayor competencia.

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