No existen derechos fundamentales de carácter absoluto dado que los mismos puedan ser restringidos o limitados en el curso de una investigación procesal penal. Así como señala el TC en su Auto 103/82, de 3 de marzo, tales derechos pueden sufrir restricciones de mayor o menos entidad, a condición de que se lleven a cabo cumpliendo con la exigencia del principio de legalidad de autorización judicial y del principio de proporcionalidad. Po lo tanto sólo se recurrirá a la restricción del derecho fundamental cuando no quepa otro medio de investigación que evite la lesión de los derechos del individuo.

    Captación de comunicaciones orales directas mediante dispositivos electrónicos (Art. 588 Quater A y ss LECRIM)

    El uso de tales dispositivos técnicos de escucha y grabación está legalmente vedada a un particular en relación con las conversaciones de otras personas.  Si lo hiciera, la prueba obtenida sería ilícita por vulneración de un derecho fundamental y la propia acción sería constitutiva del delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto y penado por el artículo 197.1 CP.

    Por el contrario, la utilización de dichos mecanismos por los agentes policiales encargados de la persecución del delito sí son válidos siempre que se respeten los presupuestos que habilitan dicha vulneración de un derecho fundamental y es que es la propia LECRIM la que establece la necesidad de previa AUTORIZACIÓN JUDICIAL.

    Así, previa autorización judicial se permite la captación de las conversaciones orales. Los dispositivos de escucha y grabación destinados a tal fin pueden ser instalados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado, bien en la vía pública o en otro espacio abierto, pudiéndose captar y grabar tanto el sonido de las conversaciones privadas como las imágenes cuando expresamente así lo autorice la resolución judicial que lo acuerde. En el supuesto de que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios destinados el ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender su motivación a la procedencia del acceso a dichos lugares.

    La vigente redacción del art. 588 quater a) LECRIM establece que únicamente podrá producirse la exigida autorización judicial cuando:

    1. Los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de delitos dolosos penados con un límite máximo de, al menos, tres años de prisión.
    2. Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del autor.

    Video-grabación efectuada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)

    Distinguiéndose la actividad de captación de imágenes destinada a:

    • Fines genéricos de prevención del delito o
    • Para garantizar la seguridad ciudadana.

    En el segundo de los casos se permite el uso de videocámaras por las FCSE en lugares públicos con funciones de prevención del delito, y lo obtenido por ellas será prueba del delito puesto que no afecta a los derechos fundamentales a la intimidad ni a la propia imagen.

    No estarían permitidos, sin la previa autorización judicial, aquellos medios de captación de la imagen o del sonido que filmen escenas en el interior del domicilio prevaliéndose de los adelantos y posibilidades técnicas.

    Como tampoco puede autorizarse la instalación de cámaras en lugares destinados a actividades donde se requiere la intimidad (Ej. Aseo)

    Videograbación realizada por particulares.

    Son abundantes los casos en los que los ciudadanos particulares son los que captan las imágenes correspondientes a hechos de índole penal en los que son perjudicados o meros testigos. No representa problema alguno la admisión como medio de prueba de la videograbación realizada por un particular en la vía pública que será libremente valorado por el Juez o Tribunal competente.

    Entre estos documentos videográficos y sonoros caben destacar la grabación de una conversación por quien participa en la misma. La jurisprudencia viene distinguiendo entre “grabar una conversación de otros y grabar una conversación con otros” (STS 298//2013, de 13 de marzo). Si bien la grabación de las conversaciones en las que el sujeto activo no interviene como comunicante es ilícita por la vulneración de derecho fundamental y además, dicha acción sería constitutiva del delito del art. 197.1 CP. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).

    La STC 114/1984 dice expresamente que “Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE, por el contrario quien graba una conversación con otro no incurre, por este sólo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado”.

    La Incorporación al proceso. Valor Probatorio.

    La incorporación al proceso penal de las filmaciones videográficas y el sonido obtenidos extrajudicialmente, requiere del cumplimiento de una serie de requisitos. Hay que garantizar la autenticidad del material videográfico, lo que a su vez, requiere la inmediata entrega a la autoridad judicial del original de la grabación.

    Además, cuando la película haya sido filmada por una persona, será precisa la comparecencia en el Juicio Oral del operador que obtuvo las imágenes en tanto que el cámara tuvo una percepción directa de los hechos en el mismo momento en que ocurrían y sus manifestaciones en el plenario deben ser sometidas a la exigible contradicción procesal.

     

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *