El pasado 12 de junio se publicó en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

    Dicha Ley tiene por finalidad atender esencialmente a dos problemas que vienen apreciándose en la actualidad con reiterada frecuencia: en primer lugar, los procedimientos de desahucio por impago de rentas frente a familias en situación de vulnerabilidad económica y exclusión residencial; y por otro, la situación de ocupación ilegal de viviendas.

    Se modifica el art. 250.1 ap. 4º LEC, que pasará a tener la siguiente redacción:

    “4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

    Podrán pedir la inmediata recuperación de la pena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.”

    Por lo tanto, no se contempla este procedimiento de urgente recuperación para las viviendas ocupadas que sean de titularidad de entidades de crédito.

    Conforme al nuevo apartado 3 bis del artículo 437, la demanda de juicio verbal por la que se solicita la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de aquella podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de que la notificación se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación.

    Conforme al nuevo apartado 1 bis del art. 441 LEC, si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de 5 días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria.

    En previsión de que el ocupante ilegal pueda ser persona en situación de especial vulnerabilidad social, se regula la obligación de comunicar la situación del ocupante a los servicios públicos competentes en materia de política social, siempre que éste otorgue su consentimiento.