La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la Proposición de Ley del PDeCat para acelerar el desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente.

    El objetivo es acabar con las mafias que afectan a los pisos de pequeños propietarios o incluso a ONG o administraciones públicas. Esta propuesta no sirve para desalojar a inquilinos morosos. No servirá a bancos ni a empresas.

    La proposición de ley establece la modificación del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el que se añade un apartado 2º bis, para regular la posibilidad de interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente. Se trata de una vía que podrá usar el propietario persona física, ONG y administraciones públicas. Además, la proposición de ley incorpora una modificación del artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que se añade un apartado 2 bis en el que se especifican las medidas que adoptará la autoridad judicial para hacer efectivo el desahucio de las personas que ocupen ilegalmente las viviendas recogidas en el artículo 250.1 2.º bis.

    ¿Qué dice la ley? Que a partir de ahora las resoluciones judiciales contra las ocupaciones de viviendas deberán resolverse en un máximo de veinte días. Los dueños legítimos del piso deberán presentar las escrituras de la casa, y si los ocupas no han sido capaces de mostrar documentación que acredite su estancia ilegal en la vivienda, la policía podrá desalojarlos en un plazo mínimo de cinco días. Visto y no visto. Hasta ahora, los tiempos judiciales eran más lentos.

    ¿A quién afecta? No a todo el mundo, y este es uno de los puntos clave de la nueva legislación. Los desalojos exprés sólo podrán efectuarse cuando la propiedad esté en manos de ciudadanos particulares, de entidades sociales sin ánimo de lucro o de la administración pública. Si el piso pertenece a un fondo de inversión (los célebres «fondos buitres») o a una entidad privada (un banco) tendrá que recurrir a los procedimientos habituales, más lentos y más garantistas.

    ¿Y cómo funcionará el desalojo llamado exprés? La modificación legal que se plantea establece los siguientes pasos,

    – Presentada la demanda se dictará auto dando traslado de la misma a los ocupantes de la vivienda para su contestación, e instándoles a la entrega inmediata de la posesión al demandante, siempre que éste así lo solicite y aporte título que acredite el derecho a poseer la vivienda.

    – El Juzgado, del mismo modo, comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio de que se trate, la apertura de un proceso de desocupación ilegal, al objeto de que puedan adoptarse si procede las medidas correspondientes.

    – Los ocupantes podrán oponerse al auto que acuerde el lanzamiento, en el plazo de 10 días, sin que ello suspenda la efectividad de la medida.

    – Si la resolución del procedimiento fuera favorable al demandante, bastará que solicite su ejecución efectiva sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días de espera previsto para la ejecución de resoluciones de condena

    De esta manera, posiblemente el problema no va a derivar tanto de los plazos, que ahora sí van a ser breves, sino del cumplimiento por el juzgado de dichos plazos y del cumplimiento por el ocupante del auto que ordena el desahucio. Es posible que el okupa aguante en el inmueble hasta que lo saquen a la fuerza mediante una comisión judicial.

    Ahora la proposición de ley será remitida al Senado donde se aprobará definitivamente. Y entrará en vigor el día de su publicación en el BOE.