Declarada nula por abusiva la cláusula del contrato de préstamo hipotecario que imponía al prestatario el pago de todos los gastos de constitución de la hipoteca y eliminada la misma, es preciso determinar la parte que ha de hacer frente al pago de los gastos de Notaría.

    Así, frente a la doctrina del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, que señala que quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución especial, el Juzgado declara que el pago de los aranceles del notario corresponde equitativamente a ambas partes contratantes pues las dos tienen el mismo interés en la elevación a escritura pública del contrato de préstamo hipotecario e inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad.

    Prestatario y prestamista están interesados en la formalización en escritura pública del contrato de préstamo pues con ello se ofrece a ambos garantías de seguridad en cuanto al negocio jurídico celebrado al formalizar su acuerdo ante la fe notarial y obtener las copias correspondientes de la escritura otorgada. Además, en la escritura queda fijado el importe máximo del préstamo y otras cuantías, que no pueden ser rebasadas en el caso de una eventual ejecución.
    Y por último, no puede olvidarse que la concesión del préstamo no habría tenido lugar si no se hubiese garantizado su devolución con la hipoteca, cuestión que es de indudable interés para las dos partes contratantes.

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    «Nulidad por abusiva de la cláusula que impone al prestatario el pago de gastos de titulación y de los tributos por ocasionarle un desequilibrio relevante. Restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Es la entidad prestamista quien debe abonar los gastos de gestoría, cuya contratación, elegida por ella misma, impuso al consumidor. En cuanto al impuesto sobre actos jurídicos documentados, el adquirente del derecho es la entidad financiera por lo que corresponde a ésta satisfacer el impuesto. Respecto a los gastos notariales, ambas partes presentan un claro interés en la formalización e inscripción de la hipoteca en el Registro, cuanto menos por razones de seguridad jurídica, de modo que ambos han de pagar equitativamente los aranceles del notario. Los derechos del registrador se pagarán por aquél a cuyo favor se inscriba o anote el derecho, por lo que es la entidad financiera quien los ha de abonar. Nulidad de la cláusula de intereses de demora del 22,5% por establecer una indemnización
    desproporcionadamente alta.»

    Ref. La Ley digital