El 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuyas principales novedades son:

     

    DURACIÓN DEL CONTRATO.

    • Se modifica el 9.1. Vuelve a la duración mínima de 5 años cuando el arrendador sea persona física, con la novedad de que serán siete si es persona jurídica. Las renovaciones serán anuales y siempre hasta dicho plazo, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar.
    • El 9.3. En el caso que el arrendador pueda necesitar la vivienda para necesidades propias o familiares, tendrá que comunicarlo con DOS MESES de antelación. En el caso de haber desalojo y si en el plazo de 3 meses no tiene lugar la ocupación, se repondrá al anterior arrendatario por un nuevo período de cinco años, con indemnización por los daños causados o una mensualidad por cada año que quedara por cumplir, aunque el precepto no aclara quién decide un sistema u otro. Lo curioso es que también tiene derecho el arrendador que es persona jurídica, que obviamente no puede destinar la misma a vivienda permanente.
    • El 10.1. La renovación del contrato será por 3 años más.

     

    FIANZA.

    • 36.2 Durante la duración obligada del contrato, no habrá actualización de la fianza, pero sí en los supuestos de prórroga en el caso de que haya pacto entre las partes.

     

    OTRAS REFORMAS INTRODUCIDAS DE IMPORTANCIA SON:

    • LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL: Estableciendo que por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, las comunidades de vecinos puedan adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda (hasta ahora se exigía unanimidad de los propietarios)

     

    • MEDIDAS FISCALES A FAVOR DEL ALQUILER: Se modifica:
      • La Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para establecer la exención de este impuesto en los contratos de alquiler de vivienda para uso estable y permanente.
      • Se modifica también la Ley de Haciendas Locales en relación con el IBI:
    1. Se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.
    2. Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.
    3. Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
    4. Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.