El mediático caso de Ángel Hernández, que ha confesado que ayudó a morir a su esposa, Maria José Carrasco, que llevaba 30 años sufriendo de esclerosis múltiple, vuelve a reabrir en España, el debate acerca de la despenalización de la eutanasia.

    ¿Pero cómo se regula en la actualidad este delito?

    Para abordar este delicado tema, hay que partir del derecho a la vida que nuestra Constitución en su artículo 15 reconoce como un Derecho Fundamental. El problema fundamental radica si bien en la idea de que, partiendo de la base de que todos vamos a morir, podemos elegir cuando y como hacerlo.

    Lo que no está penado en España es la eutanasia pasiva, regulada por la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, que consiste en decidir libremente, después de recibir toda la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles, y entre ellas la no administración de tratamiento o la suspensión de un tratamiento ya iniciado. Del mismo modo, tampoco está penada la eutanasia indirecta que consiste en la aplicación de sistemas terapéuticos para tratar el dolor pero que pueden adelantar la muerte por depresión del sistema nervioso y, en general, del tono vital y del funcionamiento de los distintos órganos.

    No obstante, nuestro Código Penal, en su artículo 143, incluido en el título primero del Libro II relativo al Homicidio, castiga con las siguientes penas las siguientes conductas:

    1. La inducción al suicidio: conducta consistente en inducir o determinar directamente a alguien a suicidarse. La característica principal de esta conducta consiste en que se dirije a una persona que no ha decidido suicidarse por ella misma.

    Se castiga con una pena de prisión de 4 a 8 años.

    En casos de suicidios compartidos en el que uno de las dos personas que había decidido conjuntamente la decisión de suicidarse no muere, los tribunales han interpretado que existe inducción al suicidio. Al sobreviviente no se le podía imputar responsabilidad penal por la decisión adoptada, y no culminada, de poner fin a su propia vida, pero sí en cuanto a la intervención que hubiera podido tener en la muerte del otro.

    1. Cooperación al suicidio: conducta consistente en prestar ayuda a otra persona que ha decidido suicidarse, sin ejecutar directamente el acto. El actor colabora a la voluntad de la persona que ha decidido suicidar, por ejemplo, procurando los medios, o proporcionando consejos, pero el que se suicida es el que ejecuta el hecho.

    Se castiga con una pena de prisión de 2 a 5 años.

    1. Cooperación al suicidio (también denominado homicidio consentido): conducta consistente en cooperar, llevando a cabo de su propia mano la muerte de otra, que había adoptado la decisión de quitarse la vida. En este caso, es necesario que el suicida sea plenamente consciente, y su voluntad plenamente libre, de lo contrario estaríamos ante un homicidio.

    Se castiga con una pena de prisión de 6 a 10 años.

    1. Eutanasia activa directa: conducta consistente en cooperar activamente a la muerte de otro, en supuesto de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, eso sí, siempre que exista una petición expresa e inequívoca del enfermo.

    Las penas en este caso se pueden atenuar o rebajar en uno o dos grados respecto de las previstas en los puntos 2 y 3.

    Si, además, quien ayuda a morir es un familiar, se puede aplicar la atenuante de parentesco del artículo 23 del Código Penal. Y si el cooperador confiesa su autoría puede concurrir también la atenuante de confesión del art. 21.4º del Código Penal.

    En definitiva, conforme a la legislación actual en España, se debe analizar cada caso, puesto que la respuesta penal puede ser muy diferente, pudiendo ir desde la falta de tipicidad, hasta casos de eutanasia o, incluso, homicidios imprudentes o dolosos.

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