El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que endurece las penas por imprudencias graves en la conducción de vehículos a motor e introduce como delito el abandono del lugar del accidente.

    La iniciativa reforma varios artículos del Código Penal con el objetivo de establecer una «mayor sanción de determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad».

    La intención de este texto es unificar la valoración de imprudencia grave en un accidente de tráfico, porque, ahora, es el juez de forma individual quien decide si la imprudencia es grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Así, con el nuevo texto registrado, cualquier conducción que atente contra la integridad de las personas, cometiendo un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad o cuando se hace bajo la influencia de droga o del alcohol, “siempre” será imprudencia grave y “no cabrá margen de interpretación”.

    Por otra parte, abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta nueve años de prisión, frente a la legislación actual que establece una condena máxima de cuatro años de cárcel.

    Por último, la reforma que inicia hoy su tramitación incluye en el Código Penal el abandono del lugar del accidente como supuesto delictivo autónomo, de manera que el Código Penal castigue «la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido», con una pena, de acuerdo con la propuesta inicial, de hasta cuatro años de prisión.