La Sentencia del Tribunal Supremo 205/2018, de 11 de abril, determina la validez de una transacción posterior sobre una cláusula suelo para evitar una controversia judicial. Esta resolución, que incluye un voto particular, complica el panorama para los afectados por cláusulas suelo en préstamos con garantía hipotecaria.

    En el caso resuelto, los compradores de una vivienda, que ostentan la condición de consumidores, habían otorgado con anterioridad dos escrituras públicas de préstamo en el año 2007, la primera de ellas subrogándose en el préstamo hipotecario del promotor, novándolo y ampliándolo, y la segunda de ellas para contraer otro préstamo para financiar la vivienda. En ambos casos, se establecía un primer año de préstamo a interés fijo y, transcurrido el primer año, un préstamo a interés variable, donde se contenían unos límites máximo y mínimo a la delimitación del tipo de interés. Después, habiéndose dictado la Sentencia del Tribunal Supremo 241/13, de 9 de mayo, por la que se declaraba la nulidad de cláusulas suelo de determinadas entidades bancarias por falta de transparencia, el día 28 de enero de 2014 las partes suscribieron dos documentos privados por los que acordaban una cláusula suelo del 2,25%, con renuncia expresa de acciones. El Pleno de la Sala I del Tribunal Supremo considera, en su resolución, que ambos contratos no son novaciones sino transacciones, en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos contratos originales, después de que se hubiera dictado la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, y los posteriores autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones, y en ellos se advierte la causa propia de la transacción: evitar una controversia judicial sobre la validez de estas dos concretas cláusulas y sus efectos.

    Esta reciente STS, no sólo contradice numerosas SSTS que nos decían con criterio estricto que lo que es nulo de pleno derecho no es convalidable, sino que fija una doctrina conforme a la cual, los acuerdos suscritos por consumidores con los bancos tras la STS de 9-5-2013, conforme accedían a rebajar temporalmente (o definitivamente) los topes suelo a cambio de una renuncia a instar la acción de nulidad de la cláusula, deben considerarse transacciones eficaces, que implican una renuncia válida a los derechos de todo consumidor.

    Desde el punto de vista jurídico considera el Tribunal Supremo que no se trata de una mera convalidación, sino de una nueva transacción. La cláusula suelo no se puede convalidar porque es nula de pleno derecho. Por ello el alto tribunal considera que las partes, con fundamento en la libertad de pacto, acuerdan un nuevo acuerdo. En concreto la reducción del suelo, y no ejercitar acciones.

    El fallo, dictado en pleno, cuenta con el voto particular del magistrado Francisco Javier Orduña, partidario de declarar la «nulidad absoluta de una práctica bancaria que vulnera los derechos de los consumidores».

    No obstante, es necesario resaltar que no todos los acuerdos posteriores son válidos, y que solo aquellos en los que se cumplan las exigencias de transparencia no podrán ser impugnados. En un plano práctico, según la nueva doctrina del Tribunal Supremo, el acuerdo posterior deberá contener: rebaja del suelo, transcripción manuscrita de la existencia del suelo, y renuncia a interponer acciones.