El 4 de junio se cumplieron cuatro años de la aprobación de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos por Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que entró en vigor el 6 de junio de 2013.

    La reforma contemplaba la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler (un registro de morosos), cuya organización y funcionamiento se debía regular por Real Decreto.

    El objetivo de la reforma con esta medida era incentivar el alquiler de viviendas, incrementar su porcentaje y reducir los inmuebles vacíos. El arrendador podría dejar de estar temeroso de poner su inmueble en el mercado al poder consultar el historial o la solvencia económica del futuro arrendatario. Para ello, el registro apuntaría a todos aquellos arrendatarios morosos que hubiesen sido desahuciados por impago de las rentas y que tuviesen sentencia firme, previa comunicación por los Secretarios Judiciales de cada Juzgado o bien por los órganos de arbitraje competentes.

    Pero el Registro aún no se ha creado, pues los inconvenientes para su efectividad no son pocos:

    • Resultaría muy complicado hacerlo sin infringir la Ley de Protección de Datos.
    • No todas las resoluciones contractuales pasan por los Tribunales, pues muchas se hacen extrajudicialmente.
    • Muchos arrendatarios, no firman ellos el contrato, sino que lo hacen otras personas o familiares, y así es imposible tener un verdadero conocimiento de quién es el arrendatario.
    • Más del 90 % de los juicios de desahucio no acaban en sentencia sino en decreto dictado por el Secretario, pues, en este tipo de procedimientos, lo más común es que el demandado, ante el requerimiento del Juzgado, ni pague ni enerve ni se oponga, simplemente no haga nada, con lo que, al no celebrarse la vista que tiene lugar en los casos de oposición, no se dictará sentencia sino decreto.
    • Otro inconveniente es que hasta que el Secretario Judicial comunique la sentencia firme, pueden transcurrir varios meses, encontrándonos entonces con que el supuesto moroso ya realizó un nuevo contrato.

    Consecuentemente, a día de hoy todavía no se ha creado el Real Decreto, ni por tanto el Registro, no hay forma de averiguar ni de poder comprobar los antecedentes judiciales de quien pretende alquilar.